viernes, 16 de marzo de 2012

Réquiem a lo público

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL*
La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.

Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.

La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.
El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.
Con la LAPP ya no se tratará más deconcesiones, sino de coinversiones, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.

Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, los nuevos contratos de coinversión también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.
La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.
Otra innovación procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.

Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.

A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.
* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM.
http://www.irmaerendira.blogspot.comTwitter:http://twitter.com/@Irma_Sandoval

Publicado en: La Jornada, 14 de marzo de 2012. Opinión.

jueves, 12 de enero de 2012

Aprueba STAUdeG préstamo al Legislativo


El Congreso había solicitado el viernes al STAUdeG un préstamo. ARCHIVO

* El Legislativo busca hacer frente a sus compromisos económicos de fin de año
* El sindicato prestará al Congreso del Estado 70 de los 100 MDP solicitados

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2010).- Con 156 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro sufragios en contra, la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), aprobó prestar al Congreso del Estado 70 de los 100 millones de pesos (MDP) que fueron solicitados el pasado viernes por tres de los cuatro coordinadores parlamentarios con el propósito de que el Poder Legislativo pudiera hacer frente a sus compromisos económicos de fin de año como el pago tanto de salarios como de aguinaldos a sus trabajadores:


“Ante el disimulo del gobernador del Estado tienen que recurrir a un gremio solidario, hermano para poder resolver este asunto”, refiere el secretario general del STAUdeG, Roberto López González.


El sindicalista indicó que 70 MDP es la suma que el gremio pudo prestar al Congreso a un año de plazo para no “lastimar” la viabilidad del Fideicomiso del Fondo de Retiro de los trabajadores académicos afiliados al Sindicato.


Y es que el pasado viernes, el STAUdeG también aprobó un empréstito de 200 MDP en favor de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que la Institución pudiera cubrir de igual forma con las percepciones de sus trabajadores que provendrá del mismo Fideicomiso que es del orden de los 370 MDP.


Indicó que los alrededor de 106 MDP que quedarían de ambos préstamos son suficientes para hacer frente a los servicios que presta el fideicomiso durante los primeros días del año que entra mientras que STAUdeG recibe el pago en enero de la primera mensualidad de ambos deudores que es de alrededor de 24 millones de pesos.
En torno a los académicos de la universidad que públicamente se han manifestado en contra del préstamo e incluso han solicitado su renuncia, el sindicalista expresó:


“El Sindicato es una organización gremial que no es corporativa. Entonces si hay algún académico que difiera y no se queda satisfecho con las decisiones de su órgano de gobierno, que se inconforme el órgano de gobierno. Ésta no fue una decisión personal, ésta si fuese una decisión personal la asumiría como tal. A mí a la Asamblea me manda y yo lo único que hago es ejecutar los acuerdos de la Asamblea”.


López González agregó que cualquier académico está en la libertad de dejar el Sindicato si es que este no responde a sus expectativas.


Tomado de: EL INFORMADOR / RAFAEL ZAPATA

STAUdeG presta 250 mdp a la Universidad para nómina, aguinaldos y otras prestaciones

* Mediante préstamos personales, mil 800 académicos solventaron el recurso

* La casa de estudios tiene un déficit de casi mil mdp ocasionado por jubilaciones: Martín Vargas

ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitó al Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG) un préstamo por 250 millones de pesos que ya fueron entregados a la casa de estudios, confirmó a La Jornada Jalisco el secretario general del organismo sindical y miembro de la comisión de hacienda, Martín Vargas, quien aseguró que los recursos, que el pasado 14 de diciembre fueron ingresados a las arcas de la casa de estudios, serán utilizados para el pago del aguinaldo y de la nómina de la institución así como el de las demás prestaciones.

“Fue el mismo sistema (del año pasado) cuando los académicos voluntariamente dieron su firma e hicieron un préstamo por doscientos mil pesos”, dijo el sindicalista quien precisó que en total fueron alrededor de mil 800 académicos los que realizaron la solicitud de préstamos personales para facilitar el recurso.

Dijo además que las firmas que facilitaron los recursos se consiguieron mediante la celebración de una asamblea de delegados, en la que éstos posteriormente acudieron con los académicos directamente para solicitar su rúbrica.

En lo que respecta al préstamo, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) y miembro de la comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró en una entrevista previa, que el asunto sería revisado en la sesión del Consejo General Universitario que se celebrará este lunes.

Agregó que la comisión ha estado realizando un análisis exhaustivo para tratar de hacer un reacomodo de los recursos con los que cuenta la Universidad, sin embargo, aseguró que el monto del préstamo no estaría definido, pues se requería el resultado de la revisión para conocer la cantidad de recursos extra que se necesitarían.

“Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por paliarlo y por reducirlo al máximo, no nos gusta operar en déficit, a nadie nos gusta eso, y evidentemente ha hecho un gran esfuerzo la comunidad (universitaria) por bajar los gastos y elevar las expectativas de trabajo para palear cualquier afectación”, dijo Bravo Padilla.

El préstamo entregado este mes es el segundo que solicita la casa de estudios al STAUdeG. A finales del año 2010 la Universidad, que afrontaba una crisis financiera derivada de la falta de entrega de recursos por parte del gobierno del estado, solicitó al sindicato la cantidad de 200 millones de pesos para solventar el pago de la nómina y del aguinaldo de los trabajadores universitarios (La Jornada Jalisco, 17 de diciembre de 2010).

Requieren más recursos

Respecto a los estados financieros, Vargas recordó que la UdeG vive con un déficit económico cercano a los mil millones de pesos ocasionado por la nómina de pensionados y jubilados, en la que se invierten alrededor de 700 millones de pesos anualmente, además de que la plantilla de personal no reconocido por la Secretaría de Educación Pública requiere alrededor de 300 millones de pesos más.

El secretario general del STAUdeG afirmó que además de recibir un incremento presupuestal, la universidad debe obtener el reconocimiento de la plantilla de docentes que están pendientes, con esto se estaría amortiguando de manera significativa el déficit que arrastra.
Tomado de La Jornada Jalisco, 19 de diciembre de 2011.