martes, 16 de junio de 2020
viernes, 16 de marzo de 2012
Réquiem a lo público
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL*
La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.
Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.
La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.
El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.
Con la LAPP ya no se tratará más deconcesiones, sino de coinversiones, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.
Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, los nuevos contratos de coinversión también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.
La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.
Otra innovación procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.
Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.
A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.
* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM.
http://www.irmaerendira.blogspot.comTwitter:http://twitter.com/@Irma_Sandoval
Publicado en: La Jornada, 14 de marzo de 2012. Opinión.
La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.
Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.
La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.
El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.
Con la LAPP ya no se tratará más deconcesiones, sino de coinversiones, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.
Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, los nuevos contratos de coinversión también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.
La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.
Otra innovación procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.
Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.
A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.
* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM.
http://www.irmaerendira.blogspot.comTwitter:http://twitter.com/@Irma_Sandoval
Publicado en: La Jornada, 14 de marzo de 2012. Opinión.
jueves, 12 de enero de 2012
Aprueba STAUdeG préstamo al Legislativo
El Congreso había solicitado el viernes al STAUdeG un préstamo. ARCHIVO
* El Legislativo busca hacer frente a sus compromisos económicos de fin de año
* El sindicato prestará al Congreso del Estado 70 de los 100 MDP solicitados
GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2010).- Con 156 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro sufragios en contra, la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), aprobó prestar al Congreso del Estado 70 de los 100 millones de pesos (MDP) que fueron solicitados el pasado viernes por tres de los cuatro coordinadores parlamentarios con el propósito de que el Poder Legislativo pudiera hacer frente a sus compromisos económicos de fin de año como el pago tanto de salarios como de aguinaldos a sus trabajadores:
“Ante el disimulo del gobernador del Estado tienen que recurrir a un gremio solidario, hermano para poder resolver este asunto”, refiere el secretario general del STAUdeG, Roberto López González.
El sindicalista indicó que 70 MDP es la suma que el gremio pudo prestar al Congreso a un año de plazo para no “lastimar” la viabilidad del Fideicomiso del Fondo de Retiro de los trabajadores académicos afiliados al Sindicato.
Y es que el pasado viernes, el STAUdeG también aprobó un empréstito de 200 MDP en favor de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que la Institución pudiera cubrir de igual forma con las percepciones de sus trabajadores que provendrá del mismo Fideicomiso que es del orden de los 370 MDP.
Indicó que los alrededor de 106 MDP que quedarían de ambos préstamos son suficientes para hacer frente a los servicios que presta el fideicomiso durante los primeros días del año que entra mientras que STAUdeG recibe el pago en enero de la primera mensualidad de ambos deudores que es de alrededor de 24 millones de pesos.
En torno a los académicos de la universidad que públicamente se han manifestado en contra del préstamo e incluso han solicitado su renuncia, el sindicalista expresó:
“El Sindicato es una organización gremial que no es corporativa. Entonces si hay algún académico que difiera y no se queda satisfecho con las decisiones de su órgano de gobierno, que se inconforme el órgano de gobierno. Ésta no fue una decisión personal, ésta si fuese una decisión personal la asumiría como tal. A mí a la Asamblea me manda y yo lo único que hago es ejecutar los acuerdos de la Asamblea”.
López González agregó que cualquier académico está en la libertad de dejar el Sindicato si es que este no responde a sus expectativas.
Tomado de: EL INFORMADOR / RAFAEL ZAPATA
STAUdeG presta 250 mdp a la Universidad para nómina, aguinaldos y otras prestaciones
* Mediante préstamos personales, mil 800 académicos solventaron el recurso
* La casa de estudios tiene un déficit de casi mil mdp ocasionado por jubilaciones: Martín Vargas
ANÍBAL VIVAR GALVÁN
La Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitó al Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG) un préstamo por 250 millones de pesos que ya fueron entregados a la casa de estudios, confirmó a La Jornada Jalisco el secretario general del organismo sindical y miembro de la comisión de hacienda, Martín Vargas, quien aseguró que los recursos, que el pasado 14 de diciembre fueron ingresados a las arcas de la casa de estudios, serán utilizados para el pago del aguinaldo y de la nómina de la institución así como el de las demás prestaciones.
“Fue el mismo sistema (del año pasado) cuando los académicos voluntariamente dieron su firma e hicieron un préstamo por doscientos mil pesos”, dijo el sindicalista quien precisó que en total fueron alrededor de mil 800 académicos los que realizaron la solicitud de préstamos personales para facilitar el recurso.
Dijo además que las firmas que facilitaron los recursos se consiguieron mediante la celebración de una asamblea de delegados, en la que éstos posteriormente acudieron con los académicos directamente para solicitar su rúbrica.
En lo que respecta al préstamo, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) y miembro de la comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró en una entrevista previa, que el asunto sería revisado en la sesión del Consejo General Universitario que se celebrará este lunes.
Agregó que la comisión ha estado realizando un análisis exhaustivo para tratar de hacer un reacomodo de los recursos con los que cuenta la Universidad, sin embargo, aseguró que el monto del préstamo no estaría definido, pues se requería el resultado de la revisión para conocer la cantidad de recursos extra que se necesitarían.
“Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por paliarlo y por reducirlo al máximo, no nos gusta operar en déficit, a nadie nos gusta eso, y evidentemente ha hecho un gran esfuerzo la comunidad (universitaria) por bajar los gastos y elevar las expectativas de trabajo para palear cualquier afectación”, dijo Bravo Padilla.
El préstamo entregado este mes es el segundo que solicita la casa de estudios al STAUdeG. A finales del año 2010 la Universidad, que afrontaba una crisis financiera derivada de la falta de entrega de recursos por parte del gobierno del estado, solicitó al sindicato la cantidad de 200 millones de pesos para solventar el pago de la nómina y del aguinaldo de los trabajadores universitarios (La Jornada Jalisco, 17 de diciembre de 2010).
Requieren más recursos
Respecto a los estados financieros, Vargas recordó que la UdeG vive con un déficit económico cercano a los mil millones de pesos ocasionado por la nómina de pensionados y jubilados, en la que se invierten alrededor de 700 millones de pesos anualmente, además de que la plantilla de personal no reconocido por la Secretaría de Educación Pública requiere alrededor de 300 millones de pesos más.
El secretario general del STAUdeG afirmó que además de recibir un incremento presupuestal, la universidad debe obtener el reconocimiento de la plantilla de docentes que están pendientes, con esto se estaría amortiguando de manera significativa el déficit que arrastra.
Tomado de La Jornada Jalisco, 19 de diciembre de 2011.
* La casa de estudios tiene un déficit de casi mil mdp ocasionado por jubilaciones: Martín Vargas
ANÍBAL VIVAR GALVÁN
La Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitó al Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUdeG) un préstamo por 250 millones de pesos que ya fueron entregados a la casa de estudios, confirmó a La Jornada Jalisco el secretario general del organismo sindical y miembro de la comisión de hacienda, Martín Vargas, quien aseguró que los recursos, que el pasado 14 de diciembre fueron ingresados a las arcas de la casa de estudios, serán utilizados para el pago del aguinaldo y de la nómina de la institución así como el de las demás prestaciones.
“Fue el mismo sistema (del año pasado) cuando los académicos voluntariamente dieron su firma e hicieron un préstamo por doscientos mil pesos”, dijo el sindicalista quien precisó que en total fueron alrededor de mil 800 académicos los que realizaron la solicitud de préstamos personales para facilitar el recurso.
Dijo además que las firmas que facilitaron los recursos se consiguieron mediante la celebración de una asamblea de delegados, en la que éstos posteriormente acudieron con los académicos directamente para solicitar su rúbrica.
En lo que respecta al préstamo, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) y miembro de la comisión de Hacienda, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró en una entrevista previa, que el asunto sería revisado en la sesión del Consejo General Universitario que se celebrará este lunes.
Agregó que la comisión ha estado realizando un análisis exhaustivo para tratar de hacer un reacomodo de los recursos con los que cuenta la Universidad, sin embargo, aseguró que el monto del préstamo no estaría definido, pues se requería el resultado de la revisión para conocer la cantidad de recursos extra que se necesitarían.
“Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por paliarlo y por reducirlo al máximo, no nos gusta operar en déficit, a nadie nos gusta eso, y evidentemente ha hecho un gran esfuerzo la comunidad (universitaria) por bajar los gastos y elevar las expectativas de trabajo para palear cualquier afectación”, dijo Bravo Padilla.
El préstamo entregado este mes es el segundo que solicita la casa de estudios al STAUdeG. A finales del año 2010 la Universidad, que afrontaba una crisis financiera derivada de la falta de entrega de recursos por parte del gobierno del estado, solicitó al sindicato la cantidad de 200 millones de pesos para solventar el pago de la nómina y del aguinaldo de los trabajadores universitarios (La Jornada Jalisco, 17 de diciembre de 2010).
Requieren más recursos
Respecto a los estados financieros, Vargas recordó que la UdeG vive con un déficit económico cercano a los mil millones de pesos ocasionado por la nómina de pensionados y jubilados, en la que se invierten alrededor de 700 millones de pesos anualmente, además de que la plantilla de personal no reconocido por la Secretaría de Educación Pública requiere alrededor de 300 millones de pesos más.
El secretario general del STAUdeG afirmó que además de recibir un incremento presupuestal, la universidad debe obtener el reconocimiento de la plantilla de docentes que están pendientes, con esto se estaría amortiguando de manera significativa el déficit que arrastra.
Tomado de La Jornada Jalisco, 19 de diciembre de 2011.
viernes, 8 de julio de 2011
Critican académicos mala administración y despilfarro de UdeG
Jalisco
En rueda de prensa y en la biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, un grupo de profesores llamaron a la dirigencia universitaria a realizar un profundo ejercicio de autocrítica, así como a replantear los gastos administrativos que tiene y reducir los salarios de la alta burocracia; con el objeto de que se mejoren las condiciones laborales de los académicos.
La mayor parte de los que acudieron a la rueda de prensa han sido académicos afectados por los recortes del programa de estímulos y que se manifestaron disidentes del STAUdeG.
Sin que su nombre fuera dado a conocer, algunos dirigentes de ese sindicato, se mostró preocupado porque “esas expresiones revelan que se está agotando el esquema de control”.
Los académicos en la rueda de prensa llamaron a la comunidad universitaria a participar en un foro de análisis y reflexión sobre “el rumbo de la institución”, a realizarse antes del 27 de julio. Aunque no precisaron lugar ni hora de momento, adelantaron que harán un cartel y otra rueda de prensa.
Los académicos criticaron nuevamente la falta de entrega del bono del Programa de Estímulo al Desempeño Docente (Proesde) y convocaron a la Universidad a iniciar un plan de austeridad, recortando programas “no prioritarios y que se eliminen programas que opera la institución que no son vitales ni importantes, como el Auditorio Telmex”.
Asimismo propusieron que llevarse a cabo “un recorte de hasta un 50 por ciento en los sueldos de los altos funcionarios, que son casi de 100 mil pesos al mes, en tanto que en promedio el de los académicos ronda los 12 mil pesos mensuales”, sostuvo Enrique Cueva, maestro del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas.
“Con lo que se ahorre, y con la cancelación de las proyectos no importantes, todo el recurso producto del ahorro alcanzará para el pago del estímulo del Proesde y existirá un excedente que tendría que ser destinado a la mejora de los salarios de los académicos y el desarrollo de la investigación así como la difusión de la cultura”, añadió.
Por su parte, Pablo Sandoval, también académico de ese centro dijo que “se debe hacer una revisión seria de la estructura administrativa, particularmente de la alta burocracia que entre paréntesis responde más a una lógica de control político corporativo que a una lógica de apoyo a las funciones sustantivas de la universidad”. L
Bernardo Jaén dijo que “es obvio que si nos estamos manifestando es porque no nos gusta la universidad que tenemos, no nos gusta cómo está funcionando y por lo tanto queremos mejorar sus condiciones”.
Rita Chávez académica del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades dijo que hacían un llamado a participar con propuestas en el foro que se realizará antes del 27 de julio, antes de salir a vacaciones, para hacer una serie de propuestas que la Universidad debe tomar en cuenta para atender la grave situación de precariedad de muchos académicos.
Tomado de: SDP Jalisco
2011-07-08 12:01:00
En rueda de prensa y en la biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, un grupo de profesores llamaron a la dirigencia universitaria a realizar un profundo ejercicio de autocrítica, así como a replantear los gastos administrativos que tiene y reducir los salarios de la alta burocracia; con el objeto de que se mejoren las condiciones laborales de los académicos.
La mayor parte de los que acudieron a la rueda de prensa han sido académicos afectados por los recortes del programa de estímulos y que se manifestaron disidentes del STAUdeG.
Sin que su nombre fuera dado a conocer, algunos dirigentes de ese sindicato, se mostró preocupado porque “esas expresiones revelan que se está agotando el esquema de control”.
Los académicos en la rueda de prensa llamaron a la comunidad universitaria a participar en un foro de análisis y reflexión sobre “el rumbo de la institución”, a realizarse antes del 27 de julio. Aunque no precisaron lugar ni hora de momento, adelantaron que harán un cartel y otra rueda de prensa.
Los académicos criticaron nuevamente la falta de entrega del bono del Programa de Estímulo al Desempeño Docente (Proesde) y convocaron a la Universidad a iniciar un plan de austeridad, recortando programas “no prioritarios y que se eliminen programas que opera la institución que no son vitales ni importantes, como el Auditorio Telmex”.
Asimismo propusieron que llevarse a cabo “un recorte de hasta un 50 por ciento en los sueldos de los altos funcionarios, que son casi de 100 mil pesos al mes, en tanto que en promedio el de los académicos ronda los 12 mil pesos mensuales”, sostuvo Enrique Cueva, maestro del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas.
“Con lo que se ahorre, y con la cancelación de las proyectos no importantes, todo el recurso producto del ahorro alcanzará para el pago del estímulo del Proesde y existirá un excedente que tendría que ser destinado a la mejora de los salarios de los académicos y el desarrollo de la investigación así como la difusión de la cultura”, añadió.
Por su parte, Pablo Sandoval, también académico de ese centro dijo que “se debe hacer una revisión seria de la estructura administrativa, particularmente de la alta burocracia que entre paréntesis responde más a una lógica de control político corporativo que a una lógica de apoyo a las funciones sustantivas de la universidad”. L
Bernardo Jaén dijo que “es obvio que si nos estamos manifestando es porque no nos gusta la universidad que tenemos, no nos gusta cómo está funcionando y por lo tanto queremos mejorar sus condiciones”.
Rita Chávez académica del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades dijo que hacían un llamado a participar con propuestas en el foro que se realizará antes del 27 de julio, antes de salir a vacaciones, para hacer una serie de propuestas que la Universidad debe tomar en cuenta para atender la grave situación de precariedad de muchos académicos.
Tomado de: SDP Jalisco
2011-07-08 12:01:00
viernes, 18 de febrero de 2011
viernes, 14 de mayo de 2010
Refutan expertos a SEP: sin prepa ni universidad, casi 11 millones
°La dependencia dice que 7.5 millones de jóvenes están excluidos de la enseñanza superior
°Critican "erróneas políticas" gubernamentales y que el mercado coordine la oferta educativa
°Se pierden generaciones de mexicanos, advierten; demandan abrir un debate en la materia
Foto
Marcha de aspirantes rechazados por el IPN, en imagen de archivoFoto José Carlo González
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Martes 5 de enero de 2010, p. 26
El déficit en la atención a la demanda de educación media superior y superior es consecuencia de las "erróneas políticas" gubernamentales asumidas en décadas recientes, debido a las cuales se canceló el acceso de miles de mexicanos a la enseñanza pública y se entregó al mercado la coordinación de la oferta, lo cual ha tenido un severo costo para el país, ya que "se están perdiendo generaciones de jóvenes", advirtieron expertos en la materia.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los mexicanos en edad de cursar esos niveles, 7.5 millones están fuera de la universidad y 2.4 millones fuera de la preparatoria. No obstante, a juicio del especialista Manuel Gil Antón, no son 7.5 millones los jóvenes excluidos de la enseñanza superior, sino 8 millones 250 mil. Esto da como resultado 10 millones 650 mil jóvenes marginados de esos niveles educativos.
A su vez, Hugo Casanova, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, expresó que dicha problemática es producto de que desde los años 80 las estrategias del gobierno favorecieron los factores macroeconómicos y expresaron un "inequívoco desinterés por los factores sociales", de tal suerte que la enseñanza superior fue tratada como "prescindible".
A causa de la política neoliberal, la cobertura educativa se ha atendido de forma insuficiente; de manera "radical" se redujo el acceso de miles de jóvenes a las instituciones públicas, abundó.
Bajo ese esquema, muchos de ellos tuvieron como única alternativa el ingreso a centros privados, que se caracterizan por su limitado alcance social y, salvo algunas excepciones, por su insolvencia académica, añadió.
Consideró que a mitad del sexenio "ya no es posible esperar acciones radicales en materia de educación superior", por lo cual la perspectiva es que este gobierno mantenga su perfil actual.
Señaló la urgencia de que los actores educativos propongan políticas públicas que rebasen la dimensión sexenal. Es necesario, enfatizó, un pacto en el cual "desterremos la politiquería gremial y partidista".
La profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Etelvina Sandoval manifestó que el déficit en la cobertura educativa obedece a la falta de visión oficial, de espacios y de una política para la atención y retención en bachillerato y universidad.
Además ha faltado mucho trabajo del gobierno, que descuidó el bachillerato, y "todo se ve cuando el problema estalla", agregó.
En educación, lo anterior "tiene un costo muy grande porque hablamos de generaciones de jóvenes que se están perdiendo, lo cual tiene repercusiones económicas, sociales y educativas". Es decir, "tenemos un país de jóvenes desaprovechados".
Al estar excluidos del sistema educativo, buscarán una ocupación de "lo que sea o en lo que sea", con lo cual se abren las puertas a problemas como la delincuencia o la drogadicción; además se genera mayor inseguridad laboral, entre otros efectos, dijo.
Apremió a abrir un "fuerte debate" sobre este tema, que es el "mayor problema educativo que actualmente se tiene".
A su vez, Manuel Gil Antón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, insistió en que la SEP da una cifra menor de los jóvenes en edad de ir a la universidad que no lo hacen.
En realidad "no están fuera 7.5 millones, sino 8 millones 250 mil, si se toma en cuenta no la tasa bruta, sino la tasa neta, es decir, el número de jóvenes que están estudiando efectivamente y que tienen entre 19 y 24 años de edad".
Lo grave, añadió, es que por lo menos desde hace 20 años el Estado "no ha atendido este problema de manera integral", ya que "ha dejado la autoridad educativa en manos no del magisterio, sino de la dirigencia magisterial".
Además ha permitido que el mercado coordine el crecimiento de la oferta, lo cual es una "verdadera irresponsabilidad", sobre todo en un país con la desigualdad que tiene México.
Así, la exclusión educativa de millones de jóvenes es resultado de cuatro factores combinados: a) el impacto de la crisis económica en la posibilidad de hacer estudios previos al bachillerato y en la infraestructura de las escuelas de nivel básico, b) la falta de calidad en el proceso educativo, c) la ampliación de la oferta de carreras de corte técnico, que no interesan a los jóvenes, en lugar de ampliar la oferta en las carreras que demanda la población y d) el desplome en la percepción de la utilidad de la enseñanza, finalizó.
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°Critican "erróneas políticas" gubernamentales y que el mercado coordine la oferta educativa
°Se pierden generaciones de mexicanos, advierten; demandan abrir un debate en la materia
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Marcha de aspirantes rechazados por el IPN, en imagen de archivoFoto José Carlo González
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Martes 5 de enero de 2010, p. 26
El déficit en la atención a la demanda de educación media superior y superior es consecuencia de las "erróneas políticas" gubernamentales asumidas en décadas recientes, debido a las cuales se canceló el acceso de miles de mexicanos a la enseñanza pública y se entregó al mercado la coordinación de la oferta, lo cual ha tenido un severo costo para el país, ya que "se están perdiendo generaciones de jóvenes", advirtieron expertos en la materia.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre los mexicanos en edad de cursar esos niveles, 7.5 millones están fuera de la universidad y 2.4 millones fuera de la preparatoria. No obstante, a juicio del especialista Manuel Gil Antón, no son 7.5 millones los jóvenes excluidos de la enseñanza superior, sino 8 millones 250 mil. Esto da como resultado 10 millones 650 mil jóvenes marginados de esos niveles educativos.
A su vez, Hugo Casanova, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, expresó que dicha problemática es producto de que desde los años 80 las estrategias del gobierno favorecieron los factores macroeconómicos y expresaron un "inequívoco desinterés por los factores sociales", de tal suerte que la enseñanza superior fue tratada como "prescindible".
A causa de la política neoliberal, la cobertura educativa se ha atendido de forma insuficiente; de manera "radical" se redujo el acceso de miles de jóvenes a las instituciones públicas, abundó.
Bajo ese esquema, muchos de ellos tuvieron como única alternativa el ingreso a centros privados, que se caracterizan por su limitado alcance social y, salvo algunas excepciones, por su insolvencia académica, añadió.
Consideró que a mitad del sexenio "ya no es posible esperar acciones radicales en materia de educación superior", por lo cual la perspectiva es que este gobierno mantenga su perfil actual.
Señaló la urgencia de que los actores educativos propongan políticas públicas que rebasen la dimensión sexenal. Es necesario, enfatizó, un pacto en el cual "desterremos la politiquería gremial y partidista".
La profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Etelvina Sandoval manifestó que el déficit en la cobertura educativa obedece a la falta de visión oficial, de espacios y de una política para la atención y retención en bachillerato y universidad.
Además ha faltado mucho trabajo del gobierno, que descuidó el bachillerato, y "todo se ve cuando el problema estalla", agregó.
En educación, lo anterior "tiene un costo muy grande porque hablamos de generaciones de jóvenes que se están perdiendo, lo cual tiene repercusiones económicas, sociales y educativas". Es decir, "tenemos un país de jóvenes desaprovechados".
Al estar excluidos del sistema educativo, buscarán una ocupación de "lo que sea o en lo que sea", con lo cual se abren las puertas a problemas como la delincuencia o la drogadicción; además se genera mayor inseguridad laboral, entre otros efectos, dijo.
Apremió a abrir un "fuerte debate" sobre este tema, que es el "mayor problema educativo que actualmente se tiene".
A su vez, Manuel Gil Antón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, insistió en que la SEP da una cifra menor de los jóvenes en edad de ir a la universidad que no lo hacen.
En realidad "no están fuera 7.5 millones, sino 8 millones 250 mil, si se toma en cuenta no la tasa bruta, sino la tasa neta, es decir, el número de jóvenes que están estudiando efectivamente y que tienen entre 19 y 24 años de edad".
Lo grave, añadió, es que por lo menos desde hace 20 años el Estado "no ha atendido este problema de manera integral", ya que "ha dejado la autoridad educativa en manos no del magisterio, sino de la dirigencia magisterial".
Además ha permitido que el mercado coordine el crecimiento de la oferta, lo cual es una "verdadera irresponsabilidad", sobre todo en un país con la desigualdad que tiene México.
Así, la exclusión educativa de millones de jóvenes es resultado de cuatro factores combinados: a) el impacto de la crisis económica en la posibilidad de hacer estudios previos al bachillerato y en la infraestructura de las escuelas de nivel básico, b) la falta de calidad en el proceso educativo, c) la ampliación de la oferta de carreras de corte técnico, que no interesan a los jóvenes, en lugar de ampliar la oferta en las carreras que demanda la población y d) el desplome en la percepción de la utilidad de la enseñanza, finalizó.
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